Las dimensiones nacionales siempre mantuvieron un balance producto de la distribución de la actividad económica y de la riqueza entre el sector privado y el Estado. En Fedecámaras, que englobaba al más importante sector privado, estaba la industria petrolera privada y en el otro estaban las empresas del Estado y el Estado como proveedor de servicios y ejecutor de programas y proyectos. El Estado recibía los ingresos provenientes de la explotación petrolera a través de la regalía y del impuesto sobre la renta, sin invertir un centavo y de las otras empresas y personas a través de los distintos impuestos. La nación recibía el producto de la actividad económica en su totalidad, a través del empleo que proporcionaban el Estado y, mayoritariamente, las empresas que desarrollaban actividades en el país. Aparte, se le daba a la población una serie de servicios y beneficios producto de la responsabilidad del Estado.
Hasta fines del año 1975, fecha del término de la actividad petrolera privada, hubo progreso: crecimiento con una inflación casi inexistente. Venezuela era un país de futuro donde un recién graduado ganaba más que su equivalente en Estados Unidos. Se comía tan bien o mejor que en cualquier otra parte, la clase media podía adquirir vivienda de primera en un tiempo aceptable después de su graduación. Era una etapa de progreso paulatino pero cierto.
La estatización de Pdvsa y de todas las actividades industriales en Guayana creó un desmesurado desbalance de poder dentro de la nación, dándole a los políticos y a los gobernantes, inconvenientemente, mano libre para disponer de la riqueza que generaba principalmente el petróleo, a pesar de que hasta donde pudo, la industria petrolera estatizada mantuvo criterios firmes sobre su responsabilidad y objetivos como empresa eficiente y productiva, con todo y ser una empresa del Estado. La inflación se convirtió en circunstancia de vida, y a pesar de que eran conocidas y se esperaban sus consecuencias, las acciones de un Estado nuevo rico, una tras otra, se fueron tomando sin que se lograra que, efectiva y verdaderamente, el país progresara y sus habitantes mejoraran su calidad de vida.
En las etapas iniciales de la gestión de Pdvsa, a nivel político se respetaron las normas para el éxito que debían regir la gestión de la empresa, pero en el camino se fueron modulando los criterios negativamente y minando el camino que, paulatinamente, nos ha llevado a la tragedia petrolera que hoy se vive. El principal criterio que ha privado en diversos grados ha sido el de que, siendo propietario de la riqueza del subsuelo y por las notorias razones esgrimidas de seguridad e interés nacional, la actividad petrolera, al igual que otras, debe estar en manos del Estado. Se olvida que la capacidad administrativa nunca ha sido uno de los talentos del gobierno nacional y que para ser efectivo en industrias netamente internacionales, hay que conocer y manejar las técnicas y los conceptos de primer mundo que nunca ha sido por lo que se ha destacado el sector de las empresas del Estado, exceptuando la Pdvsa del siglo pasado.
Se ha confundido y contaminado el interés nacional con el interés político-partidista y los dirigentes han olvidado las necesidades de la gente, confundiendo y utilizando la ignorancia de las mayorías en perjuicio de sus intereses y sus derechos.
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